Dice el autor que hay que leer a Pérez Galdós, que está más vivo que nunca. Propone que leamos la novela Miau para entender “lo que el engendro de la Ley del Empleo Público, aprobada por esta legislatura, ha acabado realizando, nada menos que la destrucción completa de la Función Pública”. Más claro no puede ser, al señalar que se han multiplicado las sociedades públicas, fundaciones, consorcios y otras entidades.

José Eugenio Soriano considera escandaloso comprobar en decenas de ayuntamientos cómo se han ido incluyendo en sus plantillas toda clase de amigos y parientes, que tras un contrato laboral adjudicado directamente, luego se han quedado para siempre en el Ayuntamiento.

Y lo peor, dice, es que además, “se han incorporado tantos y tantos personajillos cercanos al alcalde y partido de turno, que lo único que no se les ha pedido es que tengan un mínimo de calidad y de conocimientos para atender al servicio”. Todo esto, “mientras los funcionarios de verdad, aquellos que con transparencia y basándose en su esfuerzo y conocimientos accedieron a los puestos públicos, son en muchísimas ocasiones totalmente relegados, cuando no menospreciados”.

Advierte este autor que la característica del empleo público, especialmente desde que se aprobó la nefasta Ley de Empleo Público, ha consistido en lo fundamental, en seleccionar al personal mediante una entrevista en la que quien toma la decisión es el Partido y el Sindicato. Nada de pruebas objetivas, competitivas, transparentes. No. Los amigos. La cohors amicorum. Hoy, señala, el empleado público no es otra cosa que un funcionario mal seleccionado por partidos y sindicatos. Una vez que sin pruebas públicas- dado que lo fundamental es una “entrevista”- se incorpora un empleado público, luego se queda ahí, de por vida, como un estómago agradecido a quien le nombró, siendo a la vez espía e inútil.

José Eugenio Soriano considera que “lo que es perverso y corrupto es designar a empleados digitalmente, esto es, por el dedo”. Y eso es lo que está ocurriendo. Describe cómo a menudo “se han burlado los políticos de los pobres opositores, convocando una oferta en la que ya estaba la plaza dada o, inclusive, filtrando el examen, con escarnio de quienes han estado trabajando honradamente estudiando los temas. Luego, ninguno entra”. Luego describe la fórmula: se entra como se entra y andando el tiempo “se convoca un concursillo en el que llevas ya una mochila, esto es, un saco de puntos frente al que pretende venir de fuera”.

Termina su artículo destacando que, por si fuera poco, cuando ya no caben en la Administración más enchufados, porque algún periodista comienza a poner el grito en el cielo, entonces se crean empresas públicas y ahí, así, sin luz ni taquígrafos, se hace lo mismo. ¡Y en eso estamos! El pensamiento débil (imbecilitas en latín) y la corrupción han ido de la mano. Se nos ha caído la función pública. Y solamente un pacto de Estado podría recuperarla. Pero eso es un sueño…

Gürtel, políticos y jueces (Gabriel Albiac, en ABC, 12 de abril de 2010)

Para Albiac, la Constitución de 1978 era, técnicamente hablando, una Constitución provisional, para unos tiempos que no podían juzgarse definitivos. Fosilizó. Y con ella, nosotros. Lo de ahora nace en eso. Y todo se cruza en Gürtel. Señala que se cruza la pesada evidencia de que bastaría una contabilidad precisa de gastos e ingresos en todos -todos- los partidos parlamentarios para que sus responsables acabaran en el banquillo. Y sigue: “Quien introdujo en la Constitución la norma que atribuía a las autoridades municipales la regulación del suelo edificable, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Luego, las vías de financiación se refinaron mucho. Y todos los partidos -todos- saben lo que pasaría si sus contabilidades fueran seriamente auditadas. Cada uno de ellos trata de amagar en ese campo contra el otro. Dentro de ciertos límites. Como aviso. También como herramienta en la cosecha del voto.

Se cruza la pesada evidencia de que no existe en España soporte institucional de la división de poderes, desde que la Ley Orgánica de Felipe González puso en manos de los partidos la designación del Consejo General del Poder judicial y, con ella, la promoción profesional de los jueces. Garzón es la caricatura de lo que esa certeza desencadena. Que un juez intervenga las comunicaciones entre abogado y defendido, no sólo es un delito; es la destrucción del procedimiento judicial… Gürtel puede poner a este país ante un dilema trágico: anular el procedimiento contra sujetos muy verosímilmente culpables, además de moral y estéticamente repulsivos... O... ¿O qué? ¿Juzgar y condenar sobre una instrucción viciada, que cualquier tribunal internacional -Estrasburgo, sin ir más lejos- declarará nula?

Todo se cruza en Gürtel. Financiación ilegal, y, con ella, prodigiosos enriquecimientos personales. Jueces que saben su carrera pendiente de simpatías políticas. Todo lo que define el fin de una época, el crepúsculo de una Constitución. Y la entrada en un período constituyente”.

El 11 de abril de 2010 se afirmaba esto en El País (Claudi Pérez), significando que la crisis y la foto demográfica ponen en tensión las cuentas públicas en España y se impone un nuevo contrato social. Se dice en este sentido que “los ajustes necesarios que impone la reconducción del déficit en un país que camina hacia el envejecimiento, que no logra reponer a su población activa, garantizar el equilibrio demográfico, formar a sus jóvenes en un nivel suficiente ni huir de unas tasas de fraude y paro más propias del Tercer Mundo abren enormes interrogantes sobre ese futuro”.

Se reproduce una afirmación del profesor del IESE Alfredo Pastor, ex secretario de Estado de Economía socialista, que señala que la crisis “de alguna manera va a obligar a repensar ese contrato social que llamamos Estado de bienestar”.

Y en verdad es ineludible afrontar un ajuste que no puede dejar de tener repercusión en el Estado social. También se cita la opinión de Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco, que describe algunos boquetes de ese edificio del siguiente modo: “Es intolerable que el ex director general de una entidad financiera cobre el paro, es inadmisible que las ayudas a la natalidad sean exactamente iguales para un Botín que para alguien sin apenas ingresos, es inaceptable la supresión del impuesto sobre el patrimonio o las enormes rebajas en sucesiones, o la tributación de las Sicav, o en general la cada vez mayor falta de equidad del sistema fiscal, y es imprudente que algunas pensiones no contributivas no se financien vía impuestos, o que nos jubilemos a los 62 años: eso es insostenible porque, al fin y al cabo, como país somos más pobres, bastante más pobres de lo que creíamos. Hay que redefinir el Estado de bienestar, dirigirlo a quien realmente lo necesita”.

José María Maravall afirma: “Cincuenta años más tarde, la izquierda está sin ideas y se empeña en mantener el carácter totalmente universal del Estado de bienestar, defiende las rebajas de impuestos, y con ello se dejan como intocables cosas como pensiones no contributivas en el barrio de Salamanca, como grandes banqueros que se van al paro y cobran prestación, como pensionistas multimillonarios que no pagan por las recetas, por poner sólo algunos ejemplos hilarantes. Es el momento de revisar aspectos antidistributivos del Estado de bienestar. Pero no parece que haya coraje para eso”. Creemos un debate necesario el que acaba de abrir El País.

Aborto y Constitución (José Miguel Zugaldía Espinar, publicado en Ideal)

En el Boletín Oficial del Estado de 4 de marzo de 2010 se publica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Advierte el profesor Zugaldía de que el legislador español ha tenido la originalidad de copiar el sistema alemán, pero lo ha copiado mal. Recuerda que el Tribunal Constitucional alemán (sentencia de 28 de mayo de 1993) consideró que el sistema de asesoramiento podía ser conforme con la Constitución alemana (prácticamente coincidente en este tema con la española), afirmando que para el Estado proteja la vida humana ates del nacimiento, no es necesario que castigue a la madre que aborte, bastando con que intente disuadirla para que no lo haga(“se trata de proteger la vida del no nacido con la voluntad de la madre, no contra su voluntad”). Señala el profesor Zugaldía que al mismo tiempo precisa el Tribunal –y esto es lo que no ha tenido en cuenta el legislador español- que si el Estado renuncia a comprobar en el caso concreto si en el aborto concurre una situación real de necesidad y conflicto, el aborto, auque no sea punible continuará siendo antijurídico y, por consiguiente, salvo que la mujer carezca totalmente de medios económicos, no podrá ser sufragado por el servicio público de salud. Esto supone al menos, en opinión del autor, la inconstitucionalidad del artículo 19 de la Ley Orgánica comentada...

Indignidad democrática (EnriqueLópez, La Razón, 12 de abril de 2010)

Afirma Enrique López que en estos momentos, en nuestro país se están viviendo unos episodios que cuando menos generan gran preocupación. La esencia de un sistema democrático real es además de asumir la pluralidad como guía y un profundo respeto a los derechos fundamentales del individuo, asumir y respetar las reglas del juego... En su artículo reclama el respeto hacia la labor de los Tribunales y en especial del Tribunal Supremo: "La cuestión es que en una sociedad en la que la Clase Política es una de las preocupaciones para la ciudadanía, en una sociedad en la que no sólo es que se pueda dejar de creer en la justicia, sino que además se pretenda no acatar sus decisiones, ¿qué queda? No le queda más que el caos, el enfrentamiento y la indignidad democrática, y eso en España ya sabemos lo que acarrea. Para juzgar la historia lo primero que hay que hacer es dejar de ignorarla".

No le falta razón a Francesc de Carreras. La situación a la que se ha llegado en Cataluña en estos últimos años sólo se puede explicar por la espiral del silencio.
En un clima donde predomina el miedo al aislamiento y a la exclusión frente a la marea nacionalista, que es la única que habla sin temor alguno, el autor acierta al afirmar que un punto de vista llega a dominar la escena pública cuando los demás —aunque en el punto de partida fueran mayoritarios— enmudecen. En efecto, ganan aquellos que tienen “energía, entusiasmo, ganas de expresar y exhibir sus convicciones” y pierden quienes callan".
Lo que está ocurriendo en Cataluña es -como acierta a ver Francesc de Carreras- que se han instalado una serie de "verdades oficiales" que poco o nada tienen que ver con la realidad. Como él dice, se ha creado un clima político en Cataluña a lo largo de estos años ha alcanzado sus fines: ampliar el número de partidarios de la independencia. Se ha orquestado "una campaña basada en una manipulación de las llamadas balanzas fiscales para intentar convencer a los catalanes que estaban financieramente discriminados, llegándose a utilizar términos —“España nos roba”, “expolio catalán”— que eran un puro insulto al resto de españoles. Todo ello en medio de una gravísima crisis económica que fue aprovechada por los nacionalistas para argumentar que la única salida viable era la independencia".
En este contexto, indica dicho autor que: "Podría argüirse con poderosos argumentos que el actual Estado de las autonomías protege perfectamente estos hechos diferenciales que distinguen a Cataluña. Por un lado, la lengua catalana nunca ha tenido mayor desarrollo que en estos años de democracia: no sólo es oficial sino que es ampliamente conocida y hablada. Por otro, en ningún momento de la historia el territorio de Cataluña se ha constituido como organización política independiente, sea cual fuere la época de la que hablemos: a lo más disfrutaba de autonomía dentro de una entidad más amplia. Por último, las competencias de la Generalitat en cultura y derecho civil —esta última interpretada con la máxima amplitud— permiten decir que ambas están más que garantizadas".
En fin, que una situación así sólo tiene remedio rompiendo la espiral del silencio.

Se pregunta el autor si no está Europa condenada a desaparecer como protagonista de la Historia. Ala Cumbre del Clima en Copenhague donde, ante la cacofonía europea, norteamericanos y chinos tomaron por su cuenta las magras conclusiones alcanzadas. Y ahora es la crisis económica y el euro amenazado. Señala J.M. Carrascal tres síntomas que a su juicio evidencia la decadencia de Europa, de los pueblos y naciones que la componen: pesar de los muchos siglos sobreviviendo a sus desgracias, dice J. M. Carrascal, que esta vez, sin embargo, parece ir de veras. Son demasiados fracasos los que acumula una Europa que creía haber surgido de sus cenizas y aprendido de sus errores, para no volver a cometerlos uniendo a sus pueblos y creando una supernación al estilo de las más grandes, con un nivel de vida que fuera la envidia de todos. El fracaso de la construcción europea lo ve manifestado este autor en la falta de reacción en el conflicto de los Balcanes, dejando que fuesen los norteamericanos lo que vinieran a apagar el polvorín.

Luego, ha sido la Cumbre del Clima en Copenhague donde, ante la cacofonía europea, norteamericanos y chinos tomaron por su cuenta las magras conclusiones alcanzadas. Y ahora es la crisis económica y el euro amenazado. Señala J.M. Carrascal tres síntomas que a su juicio evidencia la decadencia de Europa, de los pueblos y naciones que la componen:

- El descenso de la natalidad, con el consiguiente envejecimiento y el peligro de la extinción a largo plazo.

- La eliminación del servicio de las armas obligatorio, que recuerda fue instituido por la Revolución Francesa, no como deber, sino como derecho ciudadano. Eliminándolo, dice, se ha cerrado el mayor lugar de encuentro de todas las clases sociales de un país.

- Por último, la creación de una sociedad de ocio, donde la diversión y la molicie son más importantes que el trabajo o el estudio. El «pan y circo» de los romanos.

Esas tres condiciones se dan en la Europa actual. En cambio, la cultura que nació en Grecia y emigró a Roma, para ir saltando de país en país europeo, cuando el anterior agotaba su ciclo histórico, se encuentra hoy mejor representada en Estados Unidos que en ningún otro. Allí, dice J. M. Carrascal, al menos se cultivan como en ninguna parte la ciencia y el arte que nacieron hace 26 siglos en Grecia, y gracias a ellos la democracia ha sobrevivido en el mundo.

¿Cuánta porquería e inmoralidad nos queda por descubrir a los españoles en casos de corrupción?

Políticos, empresarios (es un decir) y rufianes de todo tipo, gentes de esa calaña en general (gentuza y delincuentes), todos entregados a la avaricia y a la lujuria, y todo costeado de un modo u otro por los contribuyentes, una vida de lujo a base de exprimir el dinero y los bienes públicos. Contratación, urbanismo, subvenciones, "venalidad de los cargos públicos" -de nuevo, ¡qué horror¡-. ¿Qué más se puede inventar para patrimonializar la cosa pública? Los españoles no salimos de nuestro asombro, aunque las sospechas eran vehementes desde hace tiempo.

No es extraño que los españoles consideren algo muy preocupante la corrupción en la clase política. Según los datos que expuso el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, se están tramitando un total de 730 causas frente a cargos públicos por corrupción. 264 afectan al PSOE y 200 el PP.

Dice el Fiscal General que hay de todo y en todos los partidos y que "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal" ¿Pero le parece poco, Sr. Fiscal?

La llamada trama Gürtel no sólo ha dañado la imagen del PP, sino que es quizá la gota que colma el vaso en un momento donde los políticos se consideran en las encuestas del CIS como uno de los principales problemas del país. Hace unos meses señalábamos desde la Tribuna de Liberlex la reacción en el Reino Unido ante el descubrimiento de casos de corrupción de diputados británicos por el empleo de dinero público en gastos particulares.

El caso Gürtel supone una trama de corrupción a una escala que quizá nunca se había conocido en España. Por lo que aparece en prensa, no se trata sólo de comisiones, contrataciones ilegales, recalificaciones, regalos a políticos y cargos públicos. También se utilizó el sexo como arma para ganarse el favor de políticos y empresarios.

¿Qué más nos queda por saber? Si esto fuese, sólo la punta del iceberg, como dicen, se quedan cortos los cientos de comentarios que circulan en Internet lamentando que España se haya llenado de chorizos. Antes de que se agote la paciencia de los ciudadanos, es necesario que todos impulsemos una regeneración que purifique las instituciones y los partidos políticos.