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Ar El 11 de abril de 2010 se afirmaba esto en El País (Claudi Pérez), significando que la crisis y la foto demográfica ponen en tensión las cuentas públicas en España y se impone un nuevo contrato social. Se dice en este sentido que “los ajustes necesarios que impone la reconducción del déficit en un país que camina hacia el envejecimiento, que no logra reponer a su población activa, garantizar el equilibrio demográfico, formar a sus jóvenes en un nivel suficiente ni huir de unas tasas de fraude y paro más propias del Tercer Mundo abren enormes interrogantes sobre ese futuro”.
Se reproduce una afirmación del profesor del IESE Alfredo Pastor, ex secretario de Estado de Economía socialista, que señala que la crisis “de alguna manera va a obligar a repensar ese contrato social que llamamos Estado de bienestar”.
Y en verdad es ineludible afrontar un ajuste que no puede dejar de tener repercusión en el Estado social. También se cita la opinión de Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco, que describe algunos boquetes de ese edificio del siguiente modo: “Es intolerable que el ex director general de una entidad financiera cobre el paro, es inadmisible que las ayudas a la natalidad sean exactamente iguales para un Botín que para alguien sin apenas ingresos, es inaceptable la supresión del impuesto sobre el patrimonio o las enormes rebajas en sucesiones, o la tributación de las Sicav, o en general la cada vez mayor falta de equidad del sistema fiscal, y es imprudente que algunas pensiones no contributivas no se financien vía impuestos, o que nos jubilemos a los 62 años: eso es insostenible porque, al fin y al cabo, como país somos más pobres, bastante más pobres de lo que creíamos. Hay que redefinir el Estado de bienestar, dirigirlo a quien realmente lo necesita”.
José María Maravall afirma: “Cincuenta años más tarde, la izquierda está sin ideas y se empeña en mantener el carácter totalmente universal del Estado de bienestar, defiende las rebajas de impuestos, y con ello se dejan como intocables cosas como pensiones no contributivas en el barrio de Salamanca, como grandes banqueros que se van al paro y cobran prestación, como pensionistas multimillonarios que no pagan por las recetas, por poner sólo algunos ejemplos hilarantes. Es el momento de revisar aspectos antidistributivos del Estado de bienestar. Pero no parece que haya coraje para eso”. Creemos un debate necesario el que acaba de abrir El País.
