La culpa del otro (Rafael Argullol, en Tribuna, El País, 31 de mayo de 2009)

No salimos de nuestro asombro cuando el Informe PISA sobre la enseñanza en España nos habla del fracaso de nuestro sistema educativo. Y no puede decirse que sea por falta de recursos, porque otros países con menos fondos destinados a educación salen mucho mejor parados. Hay diversos factores que lo explican, pero Rafael Argullol mete el dedo en la llaga, porque entre todas las causas la principal está en que nos hemos olvidado de nuestra responsabilidad como ciudadanos y optamos por echar la culpa a los demás, a los maestros, a los gobiernos, a la televisión  (algunos de ellos la tienen y mucha), actuando de una manera cuando menos hipócrita. Del su artículo extractamos lo siguiente:  

 "...Voy a una comida en la que varios de los comensales están interesados en hablar del analfabetismo de los jóvenes actuales. Algunos de los presentes acusan a los maestros y al sistema educativo; otros, a la televisión, a la tecnología o al consumismo. Los aparentemente más perezosos se vuelcan en los políticos, cabezas de turco cuando se agotan los argumentos...

Cuando los informes sobre la educación en España provocan sorpresa y alarma por sus cifras catastróficas no deja de insinuarse un cierto paralelismo con las reacciones de supuesta incredulidad ante el desastre especulativo en nuestra economía. Durante años hemos contemplado con pasiva complicidad el hinchamiento surreal de lo que los propios comentadores económicos presentaban con la vistosa denominación de burbuja inmobiliaria. Casi nadie, al parecer, quería pararse a pensar cuándo estallaría. Y aunque parezca un asunto lejano, algo muy semejante ha ocurrido con respecto a la burbuja educativa (o antieducativa, si quieren). Es cómico, y patético, que alguien se rasgue las vestiduras ante el balance del informe PISA sobre la enseñanza en España, el mismo tipo de hipocresía de los que, de pronto, han descubierto la destrucción de la Manga del Mar Menor o de la Costa del Sol...

Salir de la crisis: la profesión como vocación (José M. Castillo, Ideal, 11 de noviembre de 2009)

Escribe José M. Castillo en Ideal sobre la influencia de la religión en el ámbito del trabajo y la necesidad de repensar cómo afrontamos el trabajo profesional, venciendo la idea de que el objetivo es encontrar uno donde se gane mucho y se trabaje poco, que tanto predomina en nuestro país. Constatando el mayor desarrollo económico alcanzado por los pueblos de mayoría protestante, señala, siguiendo a Weber, que no en vano la teología luterana (y la doctrina calvinista de la predeterminación) inculcó en los fieles el convencimiento de que el más noble contenido de la conducta moral consite precisamente en sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Tanto que Weber insiste en que “lo propio y específico de la Reforma, en contraste con la concepción católica, es haber acentuado el matiz ético y acentuado el interés religioso otorgado al trabajo.

Invita el autor a reflexionar sobre la salud del modelo de Estado implantado en España en 1978, a la vista de la evolución habida y de las transformaciones del mismo -algunas forzadas, dice, como las reformas estutarias-. Citando Elliot afirma José Torné que en España hoy no se busca el consenso, sino que se camina hacia una indeseable polarización. Entre el inventario de cuestiones a repensar alude a la necesidad de que los partidos políticos y la sociedad civil mediten sobre cómo evitar que ganen terreno fuerzas centrífugas que ponen en cuestión la integridad del Estado. Señala la necesidad de modificar el régimen electoral, evitando que la democracia caiga en manos de los nacionalimos periféricos, pero también implantando un sistema de listas abiertas frente a la partitocracia. No se olvida el autor de la necesidad de despolizar la Justicia, volviendo al sistema de elección de cargos judiciales anterior a 1985 y considera necesarios repensar si determinadas competencias como son las de urbanismo, lenguas, recursos hidrológicos, educación, etc., deberían ser recuperadas por el Estado.

Luis Mochón analiza dos cuestiones de interés ligadas a la "gran crisis". La primera es la irresponsabilidad de los agentes financieros y la propuesta limitación de responsabilidad personal, para que la garantía de los préstamos sea únicamente la hipoteca. La segunda se refiere a las medidas para fomentar la inversión procedente de paraí0sos fiscales en deuda pública española, garantizando la opacidad fiscal, lo que recuerda experiencias de otros tiempos. Reproducimos su artículo:

"Recientemente han salido ala luz pública una serie de iniciativas motivadas por la actual crisis. Por un lado, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid, a instancia de IU con el apoyo del PP, pretende que las personas que han solicitado un préstamo hipotecario no respondan con todos sus bienes presentes y futuros (como establece el Código Civil), sino sólo con el bien hipotecado. Por otro lado, el Gobierno de España está reformando la normativa a fin de favorecer que el dinero situado en paraísos fiscales se invierta en deuda pública española...

Todo esto pone de manifiesto que favorecer los paraísos fiscales y, con ellos, el fraude fiscal, además de ser poco ético, no supone ninguna solución a una crisis. En este sentido, ha de recordarse que el gobierno del PSOE de los años 80 también justificó la opacidad fiscal de ciertas inversiones en deuda pública y aquel invento acabó fracasando...

En el contexto de una serie de declaraciones que se han interpretado como presión de dirigentes políticos al Tribunal Constitucional para condicionar la sentencia que dicte sobre el Estatuto de Cataluña, afirma Jorge de Esteban que hubiera sido mejor que el Ministro de Justicia no hubiera opinado, y señala que la venda que tiene el Gobierno se la puede reforzar aún más el Tribunal Constitucional con una "sentencia claudicante". Todo esto dice, nos lo podríamos haber ahorrado si no se hubiera suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad. Subraya Jorge de Esteban que el Parlamento de Cataluña ha aprobado 32 leyes desde la aprobación del Estatuto -que comporta dice la modificación de 30 leyes estatales- y algunas como la de Educación o la del Consejo de Garantías Estatutarias" doblemente inconstitucionales". Por ese motivo critica que el Ministro haya dicho que el Estatuto se aplica desde hace dos años y no pasada nada. Dice este experto en Derecho constitucional que el Ministro, al considerar que de la sentencia depende el Estado de las Autonomías viene a otorgar el poder constituyente al Tribunal Constitucional, que no está para eso, porque en tal caso se produciría una reforma encubierta de la Constitución. Además, en contra de lo que opina el Ministro, considera que no es admisible que los magistrados lleven deshojando la margarita tres años.

Saludando a la recién creada "Fundación Confianza", que llama a todos a colaborar en la salida a la crisis, José Moreno Dávila afirma que estamos cansados de debates políticos que, aparte gracietas y frases ingeniosas, sirven únicamente para que los distintos partidos se culpen unos a otros de todo lo malo que pasa e incluso se insulten, sin entrar nunca a explicar u ofrecer posibles soluciones del asunto de que se trate. Dice Moreno Dávila que con iniciativas como la de dicha Fundación, u otras como la del Club de la Constitución y demás foros similares que se han creado en España se mantiene vivo el espíritu de la democracia y el respeto a los derechos y libertades individuales, lo que le parece muy positivo, porque la sociedad civil se organiza, "tras un tiempo en que la política, entendida únicamente como el trabajo y objetivos de unos partidos políticos cerrados en sí mismos, ha ahogado cualquier iniciativa civil e incluso han contaminado a los medios de difusión, a gran número de asociaciones, a la judicatura, a los sindicatos... Según el autor conviene una sociedad civil articulada para que los partidos y sindicatos sepan que hay vida después de ellos, y si se hace con confianza y optimismo, a pesar de las dificultades, mucho mejor.

Alejandro Diz pone el dedo en la llaga sobre las consecuencias del falso igualitarismo y los efectos que ha tenido en nuestro sistema educativo, y en nuestra sociedad en general, el desprecio o, al menos, el desinterés por valorar la capacidad y el esfuerzo. Y lo hace en un momento en el que ya han saltado todas las alarmas sobre el fracaso escolar en España y el empobrecimiento de nuestras Universidades, de las que sólo uno figura entre las primeras doscientas a nivel mundial. En este sentido dice:

«Defender el principio de la búsqueda de la excelencia significa el proponer y fomentar un tipo de actitud ante la vida y el quehacer de las personas; un tratar de hacer y comportarse de la mejor forma posible, aun sabiendo que tenemos limitaciones y condicionantes en esa tarea.

Porque la excelencia puede y debe buscarla tanto el intelectual más dotado como el artesano más modesto, tanto en su actividad profesional como en sus relaciones humanas en general.

Cuando se elogia adecuadamente la excelencia se está defendiendo una sociedad que fomente el éxito del individuo que busque ser distinguido moral, intelectual, profesional, estéticamente, ser interesante para sí y para los demás, y por el contrario, procure la no conformación del hombre-masa, de la persona indiferenciada y, por ende, fácilmente manejable.

En relación con la politización de la Justicia y el manifiesto de 1.400 jueces por la despolitización y la independencia judicial, Gabriel Albiac responde a la pregunta que se hace y dice que la Constitución se torció, sin duda, hasta llegar a este cínico malvivir, soportando a una impune casta de políticos corruptos que acumula en sus manos todos los poderes. Sin contrapeso. En su opinión, fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y la previsión de elección del órgano de gobierno de los jueces elegido por el parlamento, como un calco o clon del mapa parlamentario, según lo describe el Manifiesto, la que supuso un punto de inflexión, concibiendo al Consejo General del Poder Judicial como un brazo ejecutor de los partidos en él representados. Dice G. Albiac que todo juez español sabe que el destino de su carrera depende, en muy buena parte, del Consejo y que la locura va camino de consumarse en farsa, mediante su multiplicación por 17. En su artículo recuerda que Sieyès formuló un día hace más de dos siglos que un Estado que no garantiza y blinda la autonomía de los poderes no posee Constitución; todo lo más una máscara.

Enchufismo en empleos públicos (El País, Andalucía, 4 de octubre de 2009)

Es hora ya de poner coto a los abusos sistemáticos en la selección de funcionarios y laborales, que se empieza a ver, con absoluto descaro, como botín a repartir entre los vencedores en la urnas (o fuera de ellas) , como derecho de conquista de los partidos políticos que gobiernan los Ayuntamientos, las Diputaciones y las demás Administraciones. Son las mismas prácticas caciquiles que el siglo XIX y si acaso aparecen algo más sofisticadas, pero igualmente repugnantes. Bueno, lo de "sosfisticadas", no siempre. Según publica El País, el sumario del caso Astapa revela decenas de contratos irregulares, que demuestran que la afiliación al PSOE era requisito para conseguir un trabajo de limpiadora en el Ayuntamiento, con lo que el ex-alcalde, Antonio Barrientos, "conseguía llenar la asamblea local de estómagos agradecidos y contralaba el partido a su antojo". Imputados en el caso de corrupción colocaban en el Ayuntamiento a familiares, amigos y compañeros de partido, lo que lleva al diario El País al títular "Estepona la ciudad-enchufe". ¡Basta ya¡ algo tendrá que decir la Justicia cuando los corruptos desmontan por piezas la Constitución y se pasan por el forro la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los empleos públicos.