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21.07.2017

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imagen p2p ¿it is a crime? LiberlexEl Juzgado de lo Penal Número 1 de Logroño ha condenado a seis meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pago de multa de 2190 euros (6 euros día durante 12 meses) y a indemnizar a por responsabilidad civil, a la patronal de videojuegos, ADESE, con 1.200 euros y a las distribuidoras con otros 1.600 euros (la indemnización es fruto del acuerdo entre las partes ante las dificultades de estimación de los perjuicios).

 

Paralelamente, hemos conocido que el Parlamento francés rechaza la ley que contemplaba sanciones de privación temporal de Internet a los usuarios de P2P (9 de abril de 2009), aunque parece que el proyecto de ley se volverá a presentar a votación. Leer más
 
sin la venia

Seguimos viendo interpretaciones rigoristas de algunos órganos judiciales que nada tienen que ver con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues siembran de trabas la senda emprendida por los justiciables para el restablecimiento de sus derechos, donde la ley no las contempla. En este caso, sólo una visión “corporativista” podía justificar semejante interpretación, al exigir la venia del procurador primeramente designado para la admisión de un recurso (¡increíble¡). 

La sentencia del Tribunal Constitucional 42/2009, de 9 de febrero,   otorga amparo a la sociedad mercantil demandante, entendiendo vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente de este derecho que comprende el derecho al acceso a los recursos legalmente establecidos. La sociedad recurrente alega con fundamento que tal vulneración se habría producido, en primer término, porque la inadmisión del recurso de apelación se funda en una causa legalmente inexistente, cual es la exigencia de venia del Procurador.

El Tribunal Constitucional da la razón a la recurrente, declarando que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En este sentido razona que la sustitución de un Procurador por otro no está condicionada a la concesión de la venia por el primero. Así se desprende de la lectura de los arts. 23 y ss de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), que resultan aplicables subsidiariamente al orden jurisdiccional contencioso-administrativo (tal como observa el Juez en el Auto de 27 de diciembre de 2006) preceptos que no contienen referencia alguna a la necesidad de venia de un Procurador para que opere la sustitución del inicialmente designado. Según el Tribunal Constitucional, de la LEC se desprende que las cuestiones que se susciten entre ambos profesionales permanecen en un segundo plano y sólo adquieren relevancia en la medida en que sea preciso resolverlas para conocer con certeza quién es el representante procesal de la parte, única cuestión que a los efectos de la tramitación del proceso importa. Leer más

 

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Logroño ha condenado a seis meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, pago de multa de 2190 euros (6 euros día durante 12 meses) y a indemnizar a por responsabilidad civil, a la patronal de videojuegos, ADESE, con 1.200 euros y a las distribuidoras con otros 1.600 euros (la indemnización es fruto del acuerdo entre las partes ante las dificultades de estimación de los perjuicios).

 

Paralelamente, hemos conocido que el Parlamento francés rechaza la ley que contemplaba sanciones de privación temporal de Internet a los usuarios de P2P (9 de abril de 2009), aunque parece que el proyecto de ley se volverá a presentar a votación. Leer más
 
solicitud de cancelación de anotación de bautismos en el libro de bautizos: improcedencia

Con fecha 5 de marzo de 2009, el Tribunal Supremo  estima el recurso de casación (2407/2008) interpuesto por la representación del Arzobispado de Valencia contra Sentencia de 12 de marzo de 2008 de la Audiencia Nacional, que había desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por aquél, contra Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, de 31 de mayo de 2007, en la que se estima parcialmente la reclamación formulada por D. Alfonso pues, si bien no se accedía a su pretensión de que se cancelase la anotación de su bautismo en el Libro de Bautismos, se ordenaba que el Arzobispado remitiera al reclamante certificación en la que se hiciera constar que se ha anotado en su partida de bautismo el hecho de que ha ejercido el derecho de cancelación, o motive las causas que lo impidan, con apercibimiento de incurrir, si no procediera así, en las infracciones previstas en el artículo 44 de la LOPD .

El Tribunal Supremo admite el recurso, reconociendo que en ningún caso los libros de bautismo, tal y como admite la propia resolución recurrida, constituyen una relación de miembros de dicha religión ni acreditan la permanencia en la misma de quienes fueron bautizados.

 

Citando las sentencias de 19 de septiembre y 14 de octubre de 2008, el Tribunal Supremo señala que el registro de bautismo parroquial no contiene ningún criterio, apriorísticamente definido por una persona entendida como responsable del fichero, que permita hablar de una estructuración conforme a criterios específicos relativos a las personas, toda vez que el asiento se practica por la fecha de bautismo, o incluso en la fecha en que se toma constancia del mismo, lo que impide ciertamente el fácil acceso al dato, dado que ello exige conocer la parroquia en que el mismo se celebró y, por tanto, se inscribió y la fecha en que el bautizo o su anotación se practicó por el párroco. Leer más

 

 
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