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29.03.2017

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Actualidad
Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE) aun debiéndose a defectos estructurales del sistema judicial o a la carga de trabajo soportada por el órgano judicial

Nuevamente, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH de 11 de marzo de 2004, caso Lenaertes contra Bélgica, entre otras) se reconoce la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas aunque las demoras sufridas sean debidas a deficiencias estructurales o a la especial carga de trabajo que soporte el órgano judicial competente. En este sentido se pronuncia la STC 93/2008, de 21 de julio, que estima un recurso de amparo por los motivos indicados, estimando lesionado el artículo 24.2 de la Constitución. El recurrente combate una providencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de fecha 24 de abril de 2006, que fija la vista, en un procedimiento abreviado, para el 23 de octubre de 2008. El asunto recurrido es la denegación de la autorización de residencia y trabajo en el proceso de normalización previsto por RD 2394/2004. Considera el Tribunal que el pronunciamiento estimatorio resulta obligado, pues como ya se dijera en la STC 103/2005, de 6 de junio, el hecho de que las deficiencias sean estructurales o consecuencia del abrumador trabajo no impide apreciar la infracción denunciada, siendo inherente a la exigencia de una actuación que permita la duración normal de los procesos, el deber de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de medios personales y materiales. La estimación es, no obstante, parcial, al juzgar el TC que no es posible la anticipación del señalamiento solicitada por el recurrente, porque agravaría la posición de terceros.

 
Igualdad en el acceso a la Función Pública: extensión de la rectificación de los criterios de valoración a todos los aspirantes

En Sentencia de 22 de julio de 2008, el Tribunal Supremo vuelve a acoger, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, una fortalecedora interpretación del alcance del derecho fundamental de igualdad de acceso a las funciones públicas (art. 23.2 CE) y de la calificación de nulidad de los actos que lo vulneren (art. 62.1 de la Ley 30/1992). De la misma se deduce, por remisión a las SSTS de 1 de junio de 2007 y 22 de febrero de 2007, que la Administración vulnera dicho derecho fundamental e incurre en nulidad de pleno derecho (susceptible de revisión de oficio al amparo del art. 102 de la Ley 30/1992), si modifica los criterios de valoración de las pruebas como consecuencia de un recurso de algunos participantes (o de oficio), sin hacerlo, como debe, para todos los participantes en el proceso selectivo.

El interés del asunto radica en que se rechaza la argumentación empleada por la sentencia del TSJ de Madrid y por la Abogacía del Estado, que partían del hecho cierto de que los recurrentes en casación no recurrieron en su día la lista de aprobados, como sí lo hicieron otros opositores. Fue una vez conocido el error material padecido en los procesos de corrección informática del segundo ejercicio cuando solicitaron que la Administración les diera el mismo tratamiento que a otros aspirantes que se encontraban en su misma situación, y ello a través del procedimiento que fuera procedente (que parecía apuntar al cauce de la revisión de oficio); solicitud que rechazó la Subdirección General de Centro de Documentación Judicial. Para llegar a la estimación del recurso rechaza el Tribunal Supremo los argumentos que había empleado la sentencia de 21 de septiembre de 2005, del TSJM, que no apreció discriminación por el hecho de que no se les aplicase a los recurrentes el criterio de las resoluciones que se habían dictado en ejecución de Sentencia, como consecuencia del recurso de otros opositores, además de afirmar que la resolución combatida no habría incurrido en un vicio de nulidad, sino de anulabilidad.

En esta línea, el Abogado del Estado propugnó la desestimación del recurso de casación, entendiendo inexistente la infracción del artículo 23.2 de la Constitución, porque los recurrentes en casación no recurrieron en su día las resoluciones que establecieron la relación definitiva de quienes superaron el proceso selectivo, consintiéndolas, y doce años después pretenden su revisión de oficio. No acoge el TS la alegación de la Abogacía del Estado de que ello hace su situación diferente a la de quienes se vieron favorecidos por el fallo de las sentencias que dieron lugar a las resoluciones de rectificación, de modo que la Administración no les ha discriminado, según esta tesis, sino que se habría limitado a dar un trato diferente a quienes se hallan en situaciones diferentes. Frente a estos argumentos, “clásicos en la materia, el Tribunal Supremo sigue la doctrina del Tribunal Constitucional, y reconoce que la Administración infringió el derecho fundamental e incurrió en nulidad, como se ha dicho. Creemos que esta línea jurisprudencial conecta bien con la vinculación de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución y el deber de todos los Jueces y Tribunales de garantizarlos mediante una tutela efectiva, como ordena el artículo 7.1 de la LOPJ. También hay que entenderla a la luz del deber de aplicar las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (art. 5.1 LOPJ).

 
Tratamiento penal diferente en el delito de maltrato familiar ocasional en función del sexo de los sujetos activo y pasivo

La STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008, desestima la de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, en relación con el artículo 153.1 del Código penal, redactado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en la que se razonaba la supuesta vulneración de los principios de igualdad y de culpabilidad. Examina el Tribunal Constitucional el diferente tratamiento punitivo de la misma conducta en función del sexo de los sujetos activo y pasivo, estimando que en este caso está justificado y no resulta contrario al artículo 14 de la Constitución Española. El análisis del artículo 153.1 del Código Penal lleva al TC a sostener que “La diferenciación normativa la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar más unas agresiones que entiende que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que se producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa … que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada” (FJ 7). La diferenciación se estima razonable porque es para una finalidad legítima, “la protección de la vida, la integridad física, la salud, la libertad y la seguridad de las mujeres, que el legislador entiende como insuficientemente protegidos en el ámbito de las relaciones de pareja”, y “la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito, que es una lacra que se imbrica con dicha lesividad” (FJ 8). Según el TC resulta razonable el entendimiento del legislador de que concurre un mayor desvalor en las agresiones del hombre hacia quien es o fue su mujer que en cualesquiera otras en el ámbito de la relación de quienes son o fueron pareja afectiva, y que, más en general, en cualesquiera otras en el ámbito de las relaciones a las que se refiere el art. 173.2 CP (relaciones familiares y de guarda y custodia en centros públicos o privados): “no resulta reprochable el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto. No lo entienden así los votos particulares que se formulan y se reproducen junto con el texto de la sentencia. Con posterioridad se han dictados diversas sentencias en el mismo sentido, que se remiten a lo dicho en la STC 59/2008.

 
Subasta de inmueble sin agotar los medios de notificación personal a sus propietarios: nulidad por indefensión (art. 24.1 CE)

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 104/2008, de 15 de septiembre, ha vuelto a insistir en la importancia del correcto cumplimiento del régimen jurídico de los emplazamientos, citaciones y notificaciones, como instrumento capital que garantiza los principios de contradicción e igualdad de armas. Recuerda el TC su doctrina sobre la utilización de la notificación edictal como último remedio, subrayando el deber de los órganos judiciales de agotar los medios para la práctica de la notificación personal; máxime cuando de los propios autos o de la documentación aportada por las partes se deduce la existencia de un domicilio que permita dicha notificación personal. En este sentido, la STC 104/2008, de 15 de septiembre, estima un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, atribuible a resoluciones judiciales que dieron lugar, o confirmaron, conculcando el artículo 24.1 de la Constitución Española, la validez de una subasta de inmueble sin agotar los medios de notificación personal a lo propietarios. Esta conclusión se afirma independientemente de que éstos conocieran dos años antes que el procedimiento de ejecución estaba en marcha y decidieran entonces no personarse, pues en el trámite de notificación personal en esa otra fase era obligado. Según el Tribunal Constitucional, en este caso, la notificación edictal se utilizó indebidamente, y no como último remedio, ya que el domicilio real de los propietarios del inmueble subastado constaba en los autos y en la documentación aportada por las partes, pese a lo cual sólo se produjo un intento de notificación personal en el inmueble objeto de subasta, que resultó frustrado porque los notificados sólo pasaban en él un mes del verano, haciéndolo contar así una vecina en la cédula de notificación, en la que indica, además, que habitualmente residen en Madrid. 

 
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