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24.11.2017

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Actualidad
Declaración de inconstitucionalidad de convocatoria de consulta popular en el País Vasco

La STC 103/2008, de 11 de septiembre, señala que el referéndum es una especie del género “consulta popular” con la que no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración electoral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas. Dice el TC que para determinar si una consulta popular se verifica “por vía de referéndum” (art. 149.1.32 CE) y su convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una consulta referendaria (FJ 2). Entiende el TC que con la Ley 9/2008 se llama a consulta sobre un asunto de manifiesta naturaleza política al cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pretendiendo conocer la voluntad de una parte del pueblo español a través de la voluntad del cuerpo electoral de esa Comunidad Autónoma (FJ 3). Según la sentencia la consulta controvertida es un referéndum aunque no sea jurídicamente vinculante, pues el referéndum no se define frente a otras consultas populares por el carácter vinculante de su resultado (FJ 3). Por ello se concluye que la Ley recurrida vulnera el artículo 149.1.32 de la Constitución, que atribuye al Estado como competencia exclusiva la “autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. Además, señala la sentencia que la Ley recurrida presupone la existencia de un sujeto, el “pueblo vasco”, titular de un “derecho a decidir” susceptible de ser “ejercitado” [art. 1 b) de la Ley impugnada], equivalente al titular de la soberanía, el pueblo español, y capaz de negociar con el Estado constituido por la Nación española los términos de una nueva relación entre éste y una de las Comunidades Autónomas en las que se organiza. De este modo se considera que la cuestión sobre la que se pretende consultar afecta al fundamento del orden constitucional vigente (en la medida en que supone la reconsideración de la identidad y unidad del sujeto soberano o, cuando menos, de la relación que únicamente la voluntad de éste puede establecer entre el Estado y las Comunidades Autónomas) y por ello sólo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional (FJ 4).

 
 
Anulación parcial de un Reglamento por discriminación retributiva de personal de las Fuerzas Armadas (Cabos Primeros, Cabos y Guardias de la extinguida escala de la Guardia Real)
La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2008 estima parcialmente el recurso presentado y anula el Anexo VI del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. El Tribunal Supremo reconoce la existencia de una discriminación carente de justificación en la medida en que, aplicando dicha norma, a los cabos Primeros, Cabos y Guardias de la extinguida escala de la Guardia Real se les incrementaron sus retribuciones según el IPC, mientras que los distintos empleos militares a los que se refiere el Anexo vieron incrementadas sus retribuciones en función de su nivel de empleo. Leer más
 
STEDH en el asunto Gómez de Liaño y Botella

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 22 de julio de 2008, concluye que se ha vulnerado el artículo 6.1 del Convenio, considerando que la imparcialidad del Tribunal sentenciador podía suscitar dudas serias u fundadas, ya que sus miembros habían participado antes en varios actos de la instrucción, y de modo particular en la resolución del recurso de apelación que el demandante había formulado frente a la orden de inculpación en su contra. En este sentido el TEDH estima que el temor del demandante está objetivamente justificado (entre otros antecedentes se invocan: Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 50, et Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 51, 25 juillet 2002).

 
TS resuelve apelación en el caso de las comisiones del AVE

imagen del AVE (Fomento.es) Resuelta la apelación del caso de las comisiones ilegales cobradas con motivo de los contratos del AVE: acuerdos secretos, cantidades millonarias por servicios inexistentes, empresas fantasmas, blanqueo de dinero, paraísos fiscales… 

 

Concurren en el caso todos los ingredientes para una novela, a la que podrían preceder años de investigación para sacar y dar respuesta a los interrogantes planteados. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008, Sala de lo Penal, resuelve diversos recursos de casación por infracción de ley, de preceptos constitucionales y quebrantamiento de forma, interpuestos por el Ministerio Fiscal, el Partido Popular y otros contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17, que en su día condenó a algunos de los procesados como responsables criminalmente de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. También se absuelve a otros acusados por el instituto de la cosa juzgada (ya habían sido condenados por el mismo delito en la sentencia 1/1997 dictada por el Tribunal Supremo en la causa especial núm 88/1991). En la sentencia apelada se absolvió también a los acusados de delitos contra la Hacienda Pública y del delito de cohecho, y las empresas SIEMENS SA, GMP CONSULTORES, ROLME SL, ATACIR SA, PART-MIX SA, TECNOLOGIA INFORMATICA 2020, DISTRIBUIDORA 2020, que habían sido “acusadas” como responsables civiles subsidiarias.

La impresión que se tiene leyendo la sentencia es que en muchas ocasiones se pretende que el derecho penal resuelva temas que no puede resolver, ya sea por imperfecciones técnicas o lagunas del Código Penal o de la normativa procesal, o por la incapacidad de la Justicia para esclarecer hechos que dan lugar a multitud de procedimientos y que se investigan milagrosamente con más solvencia de la que cabía esperar, considerando los medios que se ponen a disposición de aquélla. 

 

La pregunta por ello es si unos hechos que revelan un gravísimo caso de bandolerismo en torno a contratos públicos tan importantes y tramas que arrojaron sospechas sobre las instituciones públicas contratantes y dañaron la imagen de nuestro país no debieron ser investigados a fondo y tempestivamente en sede parlamentaria, dejando a los Tribunales la exigencia de responsabilidades penales y civiles. Leer más

 
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