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21.07.2017

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Tribuna
La espiral del silencio
Cataluña: la espiral del silencio (Francesc de Carreras, El País, La cuarta página, 30 de diciembre de 2013).
No le falta razón a Francesc de Carreras. La situación a la que se ha llegado en Cataluña en estos últimos años sólo se puede explicar por la espiral del silencio.
En un clima donde predomina el miedo al aislamiento y a la exclusión frente a la marea nacionalista, que es la única que habla sin temor alguno, el autor acierta al afirmar que  un punto de vista llega a dominar la escena pública cuando los demás —aunque en el punto de partida fueran mayoritarios— enmudecen. En efecto, ganan aquellos que tienen “energía, entusiasmo, ganas de expresar y exhibir sus convicciones” y pierden quienes callan".
Lo que está ocurriendo en Cataluña es -como acierta a ver Francesc de Carreras- que se han instalado una serie de "verdades oficiales" que poco o nada tienen que ver con la realidad. Como él dice, se ha creado un clima político en Cataluña a lo largo de estos años ha alcanzado sus fines: ampliar el número de partidarios de la independencia. Se ha orquestado "una campaña basada en una manipulación de las llamadas balanzas fiscales para intentar convencer a los catalanes que estaban financieramente discriminados, llegándose a utilizar términos —“España nos roba”, “expolio catalán”— que eran un puro insulto al resto de españoles. Todo ello en medio de una gravísima crisis económica que fue aprovechada por los nacionalistas para argumentar que la única salida viable era la independencia".
En este contexto, indica dicho autor que: "Podría argüirse con poderosos argumentos que el actual Estado de las autonomías protege perfectamente estos hechos diferenciales que distinguen a Cataluña. Por un lado, la lengua catalana nunca ha tenido mayor desarrollo que en estos años de democracia: no sólo es oficial sino que es ampliamente conocida y hablada. Por otro, en ningún momento de la historia el territorio de Cataluña se ha constituido como organización política independiente, sea cual fuere la época de la que hablemos: a lo más disfrutaba de autonomía dentro de una entidad más amplia. Por último, las competencias de la Generalitat en cultura y derecho civil —esta última interpretada con la máxima amplitud— permiten decir que ambas están más que garantizadas".
En fin, que una situación así sólo tiene remedio rompiendo la espiral del silencio.
 

¿El Estado de bienestar va rumbo a la UVI?

 El 11 de abril de 2010 se afirmaba esto en El País (Claudi Pérez), significando que la crisis y la foto demográfica ponen en tensión las cuentas públicas en España  y se impone un nuevo contrato social. Se dice en este sentido que “los ajustes necesarios que impone la reconducción del déficit en un país que camina hacia el envejecimiento, que no logra reponer a su población activa, garantizar el equilibrio demográfico, formar a sus jóvenes en un nivel suficiente ni huir de unas tasas de fraude y paro más propias del Tercer Mundo abren enormes interrogantes sobre ese futuro”.

 Se reproduce una afirmación del profesor del IESE Alfredo Pastor, ex secretario de Estado de Economía socialista,  que señala que la crisis “de alguna manera va a obligar a repensar ese contrato social que llamamos Estado de bienestar”.

 Y en verdad es ineludible afrontar un ajuste que no puede dejar de tener repercusión en el Estado social. También se cita la opinión de Ignacio Zubiri, de la Universidad del País Vasco, que describe algunos boquetes de ese edificio del siguiente modo: “Es intolerable que el ex director general de una entidad financiera cobre el paro, es inadmisible que las ayudas a la natalidad sean exactamente iguales para un Botín que para alguien sin apenas ingresos, es inaceptable la supresión del impuesto sobre el patrimonio o las enormes rebajas en sucesiones, o la tributación de las Sicav, o en general la cada vez mayor falta de equidad del sistema fiscal, y es imprudente que algunas pensiones no contributivas no se financien vía impuestos, o que nos jubilemos a los 62 años: eso es insostenible porque, al fin y al cabo, como país somos más pobres, bastante más pobres de lo que creíamos. Hay que redefinir el Estado de bienestar, dirigirlo a quien realmente lo necesita”.

 José María Maravall afirma: “Cincuenta años más tarde, la izquierda está sin ideas y se empeña en mantener el carácter totalmente universal del Estado de bienestar, defiende las rebajas de impuestos, y con ello se dejan como intocables cosas como pensiones no contributivas en el barrio de Salamanca, como grandes banqueros que se van al paro y cobran prestación, como pensionistas multimillonarios que no pagan por las recetas, por poner sólo algunos ejemplos hilarantes. Es el momento de revisar aspectos antidistributivos del Estado de bienestar. Pero no parece que haya coraje para eso”. Creemos un debate necesario el que acaba de abrir El País.

 
¿El Estado de bienestar va rumbo a la UVI?

¿El Estado de bienestar va rumbo a la UVI?

 El 11 de abril de 2010 se afirmaba esto en El País (Claudi Pérez), significando que la crisis y la foto demográfica ponen en tensión las cuentas públicas en España  y se impone un nuevo contrato social. Se dice en este sentido que “los ajustes necesarios que impone la reconducción del déficit en un país que camina hacia el envejecimiento, que no logra reponer a su población activa, garantizar el equilibrio demográfico, formar a sus jóvenes en un nivel suficiente ni huir de unas tasas de fraude y paro más propias del Tercer Mundo abren enormes interrogantes sobre ese futuro”.

 Se reproduce una afirmación del profesor del IESE Alfredo Pastor, ex secretario de Estado de Economía socialista,  que señala que la crisis “de alguna manera va a obligar a repensar ese contrato social que llamamos Estado de bienestar”. Leer más

 

¿Cuánta porquería e inmoralidad nos queda por descubrir a los españoles en casos de corrupción?

Políticos, empresarios (es un decir) y rufianes de todo tipo, gentes de esa calaña en general (gentuza y delincuentes), todos entregados a la avaricia y a la lujuria, y todo costeado de un modo u otro por los contribuyentes, una vida de lujo a base de exprimir el dinero y los bienes públicos. Contratación, urbanismo, subvenciones, "venalidad de los cargos públicos" -de nuevo, ¡qué horror¡-. ¿Qué más se puede inventar para patrimonializar la cosa pública? Los españoles no salimos de nuestro asombro, aunque las sospechas eran vehementes desde hace tiempo.

No es extraño que los españoles consideren algo muy preocupante la corrupción en la clase política. Según los datos que expuso el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, en comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, se están tramitando un total de 730 causas frente a cargos públicos por corrupción. 264 afectan al PSOE y 200 el PP.

Dice el Fiscal General que hay de todo y en todos los partidos y que "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal" ¿Pero le parece poco, Sr. Fical?

La llamada trama Gürtel no sólo ha dañado la imagen del PP, sino que es quizá la gota que colma el vaso en un momento donde los políticos se consideran en las encuestas del CIS como uno de los principales problemas del país. Hace unos meses señalabamos desde la Tribuna de Liberlex la reacción en el Reino Unido ante el descubrimiento de casos de corrupción de diputados británicos por el empleo de dinero público en gastos particulares. 

El caso Gürtel supone una trama de corrupción a una escala que quizá nunca se había conocido en España. Por lo que aparece en prensa, no se trata sólo de comisiones, contrataciones ilegales, recalificaciones, regalos a políticos y cargos públicos. También se utilizó el sexo como arma para ganarse el favor de políticos y empresarios.

¿Qué más nos queda por saber? Si esto fuese, sólo la punta del iceberg, como dicen, se quedan cortos los cientos de comentarios que circulan en Internet lamentando que España se haya llenado de chorizos. Antes de que se agote la paciencia de los ciudadanos, es necesario que todos impulsemos una regeneración que purifique las instituciones y los partidos políticos.

 
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