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18.06.2021

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Objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía: No pero Sí; Sí pero No

 Sobre esta cuestión, con fecha 11 de febrero de 2009, se ha dictado Sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Jiménez). Pero el conflicto se traslada ahora a las concreciones de contenidos y los desarrollos, caso por caso, que se hagan por las autoridades educativas autonómicas, centros y docentes, incluyendo los libros de texto de la asignatura.  

 

El punto central de dicha Sentencia versa sobre la existencia o no de un derecho a la objeción de conciencia con respecto a la materia Educación para la Ciudadanía. El TS descarta la existencia la existencia de un derecho a la objeción de conciencia con alcance general en nuestro ordenamiento jurídico y considera que tampoco existe un específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo (FJ 9). Resumida así, y conociendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría juzgarse que la sentencia es un puro disparate, como lo sería también sostener que la asignatura en su conjunto, y sin distinción de contenidos y desarrollos, es, sin más, objetable.

 

Pero la sentencia está llena de matices y precisiones; tantos que puede ser presentada igualmente como una victoria de los padres que han defendido que sus hijos no pueden ser adoctrinados sobre contenidos morales al cursar dicha asignatura. Hay un espacio acotado donde impera la neutralidad ideológica de las autoridades educativas y la  proscripción de adoctrinamiento, como también hay remedios preferentes y sumarios, con sus correspondientes medidas cautelares, frente a injerencias ilegítimas que traten de captar voluntades y lograr adhesiones del alumnado, lesionando los derechos fundamentales de los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución. Y aquí es donde el TS da entrada a toda una batería de argumentos, distinciones y advertencias que son tan importantes y extensas como las que llevan al juzgador a descartar un derecho ilimitado a la objeción de conciencia. 

 

La Sentencia estima el recurso de casación interpuesto por la Letrada de la Junta de Andalucía, el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado frente a la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, con Sede en Sevilla, de fecha 4 de marzo de 2008, por la que reconoció el derecho de los demandantes a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía y declarando que su hijo no debe cursar dicha asignatura, quedando exento de ser evaluado de la misma. La Sentencia del Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida, confirmando la validez de la resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 13 de noviembre de 2007.

 

El Tribunal Supremo ha optado por la tesis conciliadora, y la sentencia es, al mismo tiempo, un no pero sí y un sí pero no. Pese a lo difundido por los medios de comunicación, ni siquiera puede afirmarse que el TS haya negado rotundamente que la objeción de conciencia tenga cabida frente a una determinada asignatura, dependerá de qué y cómo. No es sorprendente, por tanto, que el TS haya considerado importante aclarar que “no excluye de raíz que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, no pueda entenderse que de la Constitución surge tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido”, pero esas circunstancias verdaderamente excepcionales, dice el TS “no han quedado acreditadas en el presente caso” (FJ 8). 

 

Quiere ello decir, entendemos, que si se hubiera demostrado “con absoluta nitidez la contraposición radical entre la conciencia de quienes pretenden ser eximidos de su cumplimiento y unos deberes jurídicos bien precisos”, se reconocería el derecho a la objeción de conciencia. Así debe interpretarse cuando el TS razona acto seguido que en el caso analizado “no existe esa claridad, especialmente si se tiene en cuenta que la propia sentencia impugnada reconoce que los demandantes no conocen con exactitud el contenido de la materia frente a la que desean objetar”. 

 

Este es un argumento crucial; la sentencia podría haber sido distinta si la objeción reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo hubiera sido sobre desarrollos y prácticas que invadieran las convicciones morales y religiosas. En el caso analizado las impugnaciones fueron sobre normas que acusaban una cierta indeterminación, sin esperar a las ulteriores concreciones en el proyecto educativo del centro y en los textos que se utilicen para la enseñanza de la asignatura. Lo que en realidad niega el TS es un derecho ilimitado de los padres a oponerse a la programación de la enseñanza por el Estado.

 

Pero el TS sabe que los derechos fundamentales de los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución suponen un límite a la actividad educativa del Estado (FJ 6) y reconoce que el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de los hijos supone un ámbito reservado en el que no caben injerencias ilegítimas de los poderes públicos que diseñan y ponen en práctica la enseñanza. Y aquí es donde el TS da entrada a toda una batería de argumentos, distinciones y advertencias: hay un terreno propio en el que rige “la proscripción de adoctrinamiento” y la neutralidad ideológica de las autoridades educativas. 

 

No podrá hablarse de adoctrinamiento cuando la actividad educativa esté referida a esos valores morales subyacentes en las normas jurídicas vinculantes, representadas principalmente por las que reconocen los derechos fundamentales. Subraya el TS que la actividad educativa no podrá desentenderse de transmitir los valores morales que subyacen en los derechos fundamentales o son corolario esencial de los mismos. Se trata, dice el TS, de los “valores que constituyen el sustrato moral del sistema constitucional”. Con respecto a ellos será constitucionalmente lícita su exposición en términos de promover la adhesión a los mismos. Añade el TS que la actividad educativa del Estado, “cuando está referida a los valores éticos comunes, no sólo comprende su difusión y transmisión, también hace lícito fomentar sentimientos y actitudes que favorezcan su vivencia práctica”.

 

Por el contrario, indica la Sentencia, “será exigible una posición de neutralidad por parte del poder público cuando se esté ante valores distintos de los anteriores”. Estos otros valores, precisa el TS, “deberán ser expuestos de manera rigurosamente objetiva, con la exclusiva finalidad de instruir o informar sobre el pluralismo realmente existente en la sociedad acerca de determinadas cuestiones que son objeto de polémica”. En este ámbito, “la compatibilidad será de apreciar siempre que la exposición de esa diversidad se haga con neutralidad y sin adoctrinamiento”, lo cual quiere decir siempre que se haga “dando cuenta de la realidad y del contenido de las diferentes concepciones, sin presiones dirigidas a la captación de voluntades a favor de alguna de ellas”. Y así tendrá lugar, según la Sentencia, cuando la enseñanza sea desarrollada con un sentido crítico, por dejar bien clara la posibilidad o necesidad del alumno de someter a su reflexión y criterio personal cada una de esas diferentes concepciones. En suma, dentro del espacio propio de lo que sean planteamientos ideológicos, religiosos y morales individuales, en los que existan diferencias y debates sociales, la enseñanza se debe limitar a exponerlos e informar sobre ellos con neutralidad, sin ningún adoctrinamiento” (FJ 6). 

 

Reconoce el TS que el punto de equilibrio constitucionalmente adecuado puede ser a veces difícil de encontrar. En cualquier caso, puntualiza que la Constitución sólo reconoce el derecho a elegir la educación religiosa y moral de los hijos, no sobre materias ajenas a la religión y la moral. Por eso ha pesado tanto en la Sentencia el hecho de que el planteamiento de los padres y el de la sentencia recurrida girara sobre la objeción global a la asignatura. En este sentido, advierte el TS que “en la medida en que Educación para la Ciudadanía abarca temas ajenos a la religión o la moral en sentido propio, como son los relativos a la organización y funcionamiento de la democracia constitucional, el significado de los derechos fundamentales o, incluso, usos sociales establecidos y reglas meramente técnicas, no resulta aplicable el art. 27.3 CE”. Éste, según la Sentencia, sólo regirá para aquellos aspectos de la citada materia que incidan sobre problemas morales.

 

Por eso, la virtualidad del derecho fundamental del artículo 27.3 ha de quedar intacta: “cuando proyectos, textos o explicaciones incurran en tales propósitos desviados de los fines de la educación, ese derecho fundamental les hace acreedores de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, los cuales habrán de utilizar decididamente, cuando proceda, las medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan su finalidad legítima los recursos que se interpongan”.

 

La sentencia es, pues conciliadora y equilibrada, aunque quizá ha introducido innecesariamente consideraciones sobre la objeción de conciencia en general que habrán de ser matizadas en el futuro, e incluso variadas, pues se adentra en el análisis de uno de los temas más polémicos y abiertos en la historia del Derecho constitucional; una cuestión que no era necesario abordar en esos términos para resolver el conflicto creado en relación con la asignatura referida y sobre la que la jurisprudencia del TEDH y del Tribunal Constitucional, así como la de otros Tribunales constitucionales europeos permiten un entendimiento diferente. 

   
 
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