A A A

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa (Gandhi)

14.11.2018

Menu Principal

Informaci贸n y Enlaces

TS resuelve apelaci贸n en el caso de las comisiones del AVE

imagen del AVE (Fomento.es)聽Resuelta la apelaci贸n del caso de las comisiones ilegales cobradas con motivo de los contratos del AVE: acuerdos secretos, cantidades millonarias por servicios inexistentes, empresas fantasmas, blanqueo de dinero, para铆sos fiscales鈥β

 

Concurren en el caso todos los ingredientes para una novela, a la que podr铆an preceder a帽os de investigaci贸n para sacar y dar respuesta a los interrogantes planteados.聽

 

La sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2008, Sala de lo Penal, resuelve diversos recursos de casaci贸n por infracci贸n de ley, de preceptos constitucionales y quebrantamiento de forma, interpuestos por el Ministerio Fiscal, el Partido Popular y otros contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Secci贸n 17, que en su d铆a conden贸 a algunos de los procesados como responsables criminalmente de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Tambi茅n se absuelve a otros acusados por el instituto de la cosa juzgada (ya hab铆an sido condenados por el mismo delito en la sentencia 1/1997 dictada por el Tribunal Supremo en la causa especial n煤m 88/1991). En la sentencia apelada se absolvi贸 tambi茅n a los acusados de delitos contra la Hacienda P煤blica y del delito de cohecho, y las empresas SIEMENS SA, GMP CONSULTORES, ROLME SL, ATACIR SA, PART-MIX SA, TECNOLOGIA INFORMATICA 2020, DISTRIBUIDORA 2020, que hab铆an sido 鈥渁cusadas鈥 como responsables civiles聽subsidiarias.

La impresi贸n que se tiene leyendo la sentencia es que en muchas ocasiones se pretende que el derecho penal resuelva temas que no puede resolver, ya sea por imperfecciones t茅cnicas o lagunas del C贸digo Penal o de la normativa procesal, o por la incapacidad de la Justicia para esclarecer hechos que dan聽lugar a multitud de procedimientos y que se investigan milagrosamente con m谩s solvencia de la que cab铆a esperar, considerando los medios que se ponen a disposici贸n de aqu茅lla.聽

 

La pregunta por ello es si unos hechos que revelan un grav铆simo caso de bandolerismo en torno a contratos p煤blicos tan importantes y tramas que arrojaron sospechas sobre las instituciones p煤blicas contratantes y da帽aron la imagen de nuestro pa铆s no debieron ser investigados a fondo y tempestivamente en sede parlamentaria, dejando a los Tribunales la exigencia de responsabilidades penales y civiles. Leer m谩s

 

El Tribunal Supremo cuenta con los hechos que se pudieron probar con gran esfuerzo y rechaza buena parte de los motivos alegados en apelaci贸n por los acusadores. As铆, rechaza el motivo 14潞 alegado por el Partido Popular por aplicaci贸n indebida de los art铆culos 432 y 433 CP relativos a la malversaci贸n de caudales p煤blicos por parte de dos de los acusados; parte acusadora que afirma que las comisiones que se embolsaron las empresas instrumentales implicadas a trav茅s de sus representantes, que se destinaron a la financiaci贸n del Partido Socialista, proven铆an de fondos p煤blicos. Tal afirmaci贸n, dice la sentencia del Tribunal Supremo, se sosten铆a en el presupuesto de que al adjudicarse los contratos por un precio determinado las cantidades se incrementaban por los pagos a los beneficiarios de las comisiones, y tal incremento del valor de adjudicaci贸n se consegu铆a en detrimento de un mejor precio, que es el que habr铆a mediado de no entregarse tales comisiones il铆citas.

 

A este respecto, considera el Tribunal Supremo que el argumento es absolutamente inconsistente y en base a 茅l no puede reputarse p煤blico un dinero que es netamente privado. Recuerda en apoyo de esta tesis ciertas manifestaciones realizadas en la fundamentaci贸n jur铆dica de la sentencia apelada (pag. 205) en la que se dice: 鈥渓a empresa Siemens quer铆a conseguir, sin duda, estos grandes contratos y busc贸 ayudas para conseguirlo. Aunque no sabemos c贸mo entr贸 en contacto con Bernardo y Victor Manuel, ambos del G.M.P., y qu茅 apoyos o respaldos de terceras personas m谩s o menos vinculadas con sistemas de financiaci贸n del Partido Socialista pudieron darles. Pero, prueba de que los pagos no garantizaban la adjudicaci贸n de los acuerdos a esta empresa es que precisamente SIEMENS, S.A. no fue adjudicataria de este contrato de enclavamiento鈥.

 

Tambi茅n se rechaza la v铆a impugnativa utilizada, que 鈥渆xige el m谩s absoluto y estricto respeto al hecho probado, intangible en este trance procesal鈥, cuando se cuestiona la adecuada o inadecuada subsunci贸n al tipo que se imputa y se realiza manifestaciones que, o bien son inconcretas al referirse de forma gen茅rica a las comisiones que terceras personas exigieron a las empresas adjudicatorias para hacerlas llegar o aplicarlas a la subvenci贸n del Partido Socialista en forma de contratos de comisi贸n, mandato mercantil o asesor铆a externa a que hace referencia la sentencia, o bien no expresa que se ofreciera, entregara o aceptara d谩diva o promesa, ni se cita el acto o decisi贸n administrativa que condicion贸, ni referencia alguna a la recepci贸n de la d谩diva por funcionario p煤blico. El recurrente habla de 鈥渋ntermediar鈥 como exigencia prestacional impuesta a los comisionistas para conseguir la adjudicaci贸n de los contratos sobre el tren de alta velocidad. En este sentido, el Tribunal Supremo subraya que la sentencia en ning煤n momento da por cierto tal aserto, ni nos dice ante qui茅n se hab铆a intermediado, ni de qu茅 forma ni con qu茅 resultado. Y se帽ala que Intermediar en favor de una oferta no es por s铆 s贸lo ni puede ser un delito de cohecho.

 

Adem谩s el Tribunal Supremo afirma que no puede cometerse un delito de esta naturaleza cuando falta el requisito esencial del tipo consistente en el necesario pago o promesa a un funcionario p煤blico a cambio de una decisi贸n relativa al ejercicio de su cargo que constituya delito o integrante de un acto injusto, o siendo justo que no deba ser retribu铆do. Se dice que la sentencia recurrida en la pag. 173, fundamento jur铆dico 16潞, determina que el 煤nico funcionario p煤blico objeto de acusaci贸n por el delito de prevaricaci贸n era el Sr. Juan Alberto, Presidente de Renfe, el cual result贸 absuelto de tal delito. Pero en realidad, sigue afirmando el Tribunal Supremo, ninguna conexi贸n de esta persona con los terceros que obtuvieron las comisiones se establece, ni se ha acreditado que dicho funcionario adoptare decisiones injustas, a la vista de las valoraciones t茅cnicas de las ofertas, absolutamente objetivas, que se tuvieron en cuenta para proponer su adjudicaci贸n al Gobierno. Tampoco puede desvirtuar el acto interruptivo la existencia de mayor o menor n煤mero de indicios sobre el acusado, bastar铆a la firme sospecha de haber cometido el delito y la decisi贸n judicial de citarle como imputado para que la prescripci贸n operara de forma efectiva. Sigue afirmando el Tribunal Supremo lo siguiente: 鈥溾l criterio riguroso seguido no resultar铆a f谩cilmente aplicable, ya que al denunciar los hechos e iniciarse la investigaci贸n judicial de un modo gen茅rico sobre la financiaci贸n ilegal del Partido socialista no se hab铆an concretado los posibles delitos, ni mucho menos las personas de sus responsables. Pero el grado de determinaci贸n de esas circunstancias, constituye otra cuesti贸n que ser谩 examinada, al resolver otros recursos鈥︹

 

Rebatiendo los motivos de impugnaci贸n, se帽ala tambi茅n el Tribunal Supremo que 鈥渟ea lo que fuere no es de recibo considerar beneficio propio el que pueda conseguir un partido pol铆tico, al que se pertenece o incluso en atenci贸n a la posible obtenci贸n de cargos futuros, cuyas causas de nombramiento no constan y pueden ser de la m谩s variada 铆ndole鈥.

 

Los argumentos empleados por el Tribunal Supremo son t茅cnicamente ajustados a las exigencias interpretativas del derecho penal. Otra cosa es que el ordenamiento jur铆dico no deba tener respuestas para quienes trafican e intermedian de esa manera, sin transparencia y con pactos secretos depositados en el extranjero, 聽alrededor de la cosa p煤blica. Esa respuesta si interesa a la moralidad p煤blica y a la confianza de los ciudadanos en que las decisiones y adjudicaciones sobre fondos p煤blicos se toman sin interferencias espurias que facilitan el enriquecimiento ileg铆timo u otros fines ilegales.

   
 
Volver Arriba