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No es infrecuente que en la aceptación de trabajos por parte de revistas pretendidamente científicas y editoriales influyan cuestiones alejadas de valoraciones objetivas y neutrales. Muchos trabajos son filtrados en función de criterios espurios; querencias, relaciones privilegiadas e intereses inconfesables, que a veces llevan a seleccionar trabajos mediocres y a dejar en la estacada a autores y obras dignas de elogio.

23.04.2019

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EMERGENCIAS, "UMES" Y COMPETENCIAS: LO QUE DE VERDAD INTERESA A LOS DAMNIFICADOS
 

El Tribunal Supremo, por sentencia de 4 de noviembre de 2008, anula el Real Decreto 399/2007, de 23 de marzo, que aprobó el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

 

Hay que recordar que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se creó para intervenir en cualquier lugar del territorio nacional, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional y en el resto de la legislación vigente (así se define su misión en el Protocolo anulado). La UME es una Unidad integrante de las Fuerzas Armadas y encuadrada orgánicamente en el Ministerio de Defensa.

 

En la mente de todos están las desgracias ocurridas en los últimos años por incendios forestales, inundaciones u otros acontecimientos en los que las autoridades competentes en materia de protección civil se han visto desbordadas.

 La insuficiencia de medios o de personal de determinadas organizaciones territoriales no puede ser excusa de ningún tipo para hacer frente a graves riesgos, desastres naturales, actos de terrorismos, etc., que ponen en peligro vidas humanas y destruyen recursos naturales. 

 

Quizá la distribución competencial en materia de protección civil no se diseñó correctamente desde la Constitución. Los ciudadanos no podrían entender de ningún modo que ante un incendio de gran magnitud en una Comunidad Autónoma, los medios de extinción de incendios en poder del Estado o de otras Comunidades Autónomas permanecieran pasivos, mientras se pierden vidas y se calcinan bosques de gran riqueza ecológica.

 

La solidaridad en estos casos se impone más allá de las fronteras administrativas (cuando el caso lo exige no es infrecuente demandar la ayuda de equipos de bomberos y medios aéreos incluso de otros países); máxime cuando las consecuencias trascienden directa o indirectamente a otros territorios (el medio ambiente, decimos, no tiene fronteras y la pérdida de masas forestales, por ejemplo, provoca daños que afectarán a poblaciones lejanas al lugar del siniestro).

 

En esta lógica, se dice en el citado protocolo que en los supuestos de emergencias declaradas de interés nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, y para el caso en que por el Ministro de Defensa se decida la intervención de la UME, la dirección y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la zona siniestradas corresponderá al Jefe de la UME bajo la dependencia del Ministro del Interior. En los supuestos de emergencias no declarada de interés nacional, y para el caso en que por el Ministro de Defensa se ordene la intervención de la UME, su actuación deberá ajustarse a lo establecido en la legislación vigente en materia de protección civil. 

 

El escrito de demanda interpuesto por el Gobierno Vasco contra el Real Decreto 399/2007alegaba invasión de las competencias autonómicas en materia de Protección Civil y Seguridad. También aduce omisión de audiencia de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Protección Civil, así como omisión de informe del Consejo de Estado.

 

Pues bien, el Tribunal Supremo, considerando que la parte recurrente alega infracciones de forma y de fondo, inicia el análisis de las razones de forma, porque en caso de estimarse el recurso “sería innecesario el análisis de las cuestiones de fondo”. Así lo hace, ya que el recurso se estima por haberse omitido los informes de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado.

 

La tramitación puede haber sido una chapuza jurídica, pero lo que ahora importa es regular correctamente la intervención de ésta u otras unidades especializadas en supuestos de las características dichas. Si la regulación competencial es tan estrecha que impide una actuación eficaz de la UME (o como en el futuro se llame), hay que tomar nota de cara a una futura reforma de la Constitución, porque la protección de la vida y bienes de las personas, y del medio ambiente demanda dejar atrás localismos territoriales y planteamientos propios de los reinos de taifas, que nada tienen que ver con lo que reivindican los ciudadanos del siglo XXI. 

   
 
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