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23.09.2017

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Combatir la pobreza no puede esperar

Los medios de comunicación se hacen eco estos días del vertiginoso aumento de personas que acuden en busca de techo y comida a instituciones como Caritas, ante el deterioro de la situación económica.  Una reciente encuesta de Caritas señala que en el primer semestre de 2008 han aumentando las peticiones de ayuda de acogida y asistencia en más de un 40%. Urge, no ya reflexionar, sino actuar y pronto desde los poderes públicos, pero también desde  las instituciones representativas de la sociedad civil. El VI informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2008 es indicativo de que la última década de riqueza no ha bajado la pobreza, ni la desigualdad.

Así lo ha expuesto hace uno días Victor Renes Ayala, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, en un artículo de opinión titulado “La voz de alarma”. Dice este experto que el informe no sitúa de bruces ante el verdadero rostro de nuestra realidad social, y disipa con contundencia el sopor de los efectos de una sociedad de consumo seducida por unos referentes más afanados en acumular y tener que concernidos por el ser. 

Catorce años después del primer informe FOESSA sigue habiendo más de ocho millones y medio de personas que sobreviven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 575 euros al mes. Llama la atención este experto sobre el redescubrimiento de la pobreza infantil en nuestro país, una de las más elevadas de la UE-25. La diagnosis es de tal calibre, dice Renes Ayala, que a la vista de la evolución más reciente de nuestros indicadores económicos y del flujo en franca recesión de la economía mundial, todo parece indicar que, al menos en el corto plazo, la incidencia de la pobreza y la exclusión no va a atenuarse.

Nos permitimos recordar lo que el citado experto informaba el 3 de octubre de 2001, en la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por el Pacto de Toledo. Su diagnóstico y propuestas suenan hoy con más fuerza. Decía entonces Renes Ayala que algunas de las tendencias que parecían perfilarse a comienzos de los noventa se han agudizado a lo largo de la década, hasta contribuir a perfilar un resto de pobreza muy distinto de los de décadas anteriores. Llamaba la atención sobre el incremento de las unidades monoparentales con riesgo de exclusión.

También hablaba del empobrecimiento de los inmigrantes, y la aparición de las condiciones de desempleo oculto.  Este autor, conociendo el alto porcentaje de hogares que permanecen en la pobreza, y en especial la dimensión de la pobreza severa, subraya la debilidad de nuestra política social al no asumir como objetivo la erradicación de la pobreza severa.  Afirmaba en 2001 que esta persistencia de la pobreza necesita una política social agresiva, fuerte o activa para hacer frente a la circularidad de la exclusión social, y reclamaba un nuevo enfoque y desarrollo de las rentas mínimas de inserción. Especialmente se refería a la necesidad de impulsar la política social dentro de las políticas generales, destacando el diferencial importante existente en relación con el gasto social sobre la media europea.  Entre las conclusiones alcanzadas por este experto, llama la atención la que señala que la capacidad del sistema de garantía de rentas para reducir drásticamente la pobreza es limitada. Reducir drásticamente la pobreza no es, en su opinión, una cuestión simplemente de puras transferencias económica. También es posible que haya que replantear el modelo, coordinando esfuerzos y evitando los perniciosos efectos de la dispersión (entre ellos el fraude).

Según Renes Ayala, la diversificación de la protección asistencial ha dado lugar a un modelo en el que la protección de los riesgos se desarrolla a través de distintos instrumentos específicos, particularmente la protección asistencial por desempleo, las pensiones no contributivas y los mínimos de pensiones y las rentas mínimas, las rentas de inserción, en las comunidades autónomas con diversas denominaciones en cada una de ellas. Esto ha dado lugar a una importante fragmentación del sistema.  Esta fragmentación, dice, hace demasiados huecos a la hora de cumplir la propia función de la protección social. En esta línea afirma que en los países de la Unión Europea, donde prácticamente todos tienen una articulación entre Gobierno central y gobiernos territoriales o administraciones territoriales, corresponde al Gobierno central la protección general de riesgos. Tal vez sea la hora de seguir su sugerencia para desarrollar los compromisos que debe asumir el Gobierno central en la protección de riesgos generales, restableciendo el óptimo entre igualdad, descentralización y complementariedad, sin alterar las competencias de las Comunidades Autónomas. 

Los datos que ahora se difunden no nos permiten caer en la complacencia, e impulsan a reforzar la política social para hacer frente a una situación económica que puede acentuar la pobreza de muchos ciudadanos en nuestro país hasta situaciones severas e intolerables. Hay que actuar ya, sin esperar al año europeo de lucha contra la pobreza (2010) u ocasiones parecidas, porque no hace falta señalamiento alguno para dar curso a medidas prioritarias en la acción política ¿o sí? Mas bien resulta vergonzoso que sigamos inventando días y años en el calendario para recordar que la pobreza existe y hay que luchar contra ella. ¿Acaso hemos olvidado aquel precioso pasaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos que nos dice que la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana? ¿hemos renunciado al advenimiento de un mundo en que los seres humanos sean liberados del temor y de la miseria para después alcanzar las otras libertades? ¿hemos olvidado que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (art. 1 de la Declaración) ¿Dónde queda el derecho de todas las personas a trabajar y obtener una retribución que les asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social?  

   
 
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