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27.03.2017

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La prerrogativa de indulto en el Estado Constitucional: anulación parcial de indulto que cancela antecedentes penales

La sentencia de 20 de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Supremo (sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo) anula parcialmente el indulto concedido a don A.S., consejero delegado y vicepresidente del Banco de Santander.

Afirma el Tribunal Supremo que en un Estado Constitucional no se puede admitir un poder público que en el ejercicio de sus potestades esté dispensado y sustraído a cualesquiera restricciones que pudieran derivar de la interpretación de la Ley por los Tribunales.

Subraya, la sentencia que el indulto no es indiferente a la Ley, muy al contrario es un quid alliud respecto de la Ley, y, por tanto, no puede ser ajeno a la fiscalización de los Tribunales. En este sentido, considera el Tribunal Supremo que la Constitución Española quiere esta prerrogativa excepcional del indulto sólo sea ejercitable dentro de un determinado marco legal, y en el actual (Ley Provisional de 18 de junio de 1870), no se permite más indulto que el de la pena. Por tal motivo, el Tribunal Supremo concluye que el indulto puede extinguir la responsabilidad penal, pero no anula los antecedentes penales

 

 
NÓOS Y LAS CAUSAS NOBLES

¡Qué pena da ver el desprestigio de las instituciones, públicas y privadas, contaminadas por personas de dudosa moral que apelan a causas nobles para su enriquecimiento personal¡

Los españoles nos preguntamos hasta dónde puede llegar la corrupción en nuestro país si hay desaprensivos que se apoderan de fondos públicos constituyendo entidades fantasma, que no cumplen con sus fines no lucrativos y sirven como pantalla e instrumento para atraer patrocinios inmerecidos. Con los niños enfermos, con los discapacitados, con las causas nobles no se juega. Si las multinacionales tiran el dinero, allá ellas (aunque al final lo acabamos pagando todos). Pero lo grave es que las Administraciones Públicas contraten o firmen convenios eludiendo controles jurídico-financieros, y que no se aseguren de la prestación de los servicios contratados o los sobrevaloren, favoreciendo a personas que han utilizado las instituciones en su propio beneficio. La perversión de las fundaciones tiene guasa.

 

 
Derecho de los padres a la elección de centro docente para sus hijos vs. la fuerza de lo fáctico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  (Sala de lo Contencioso de Sevilla), en sentencia de 9 de febrero de 2012, desestima el recurso que se había interpuesto frente al Decreto de admisión de alumnos aprobado por el Consejo de Gobierno, rechazando el entendimiento del dercho de los padres a escolarizar a sus hijos en el centro que elijan. Ya en 2001 el Tribunal Supremo afirmó que el derecho a la obtención de una enseñanza básica gratuita no comprende el que se preste en un centro determinado. En resumen lo que viene a decir es que la Constitución garantiza la posibilidad de elección, pero no el acceso al centro que los padres deseen. La misma Sección que dicta la sentencia había dado la razón a determinados padres, obligando a la Administración a escolarizar a sus hijos en el centro que ellos había elegido como prioritario, aumentando la ratio de alumnos por clase. Aparentemente esos fallos anteriores son contradictorios con el que se acaba de dictar, pero en realidad no lo son. Una cosa es que, en un casos concretos, se estime posible la realización del derecho de determinados padres a que prospere la elección que han realizado y otra es que con carácter general pueda asegurarse tal derecho a todos los padres. Sería imposible. No obstante, la Administración no puede olvidar que está obligada a actuar en consecuencia con el derecho constitucional previsto en el artículo 27 de la Carta Magna, y esta obligación pasa por favorecer la financiación de los centros y el aumento de aulas en los centros hacia los que se dirigen las opciones de los padres. Si actuara de otro modo estaría ignorando dicho derecho.

 

 

 
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