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29.03.2017

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solicitud de cancelación de anotación de bautismos en el libro de bautizos: improcedencia

Con fecha 5 de marzo de 2009, el Tribunal Supremo  estima el recurso de casación (2407/2008) interpuesto por la representación del Arzobispado de Valencia contra Sentencia de 12 de marzo de 2008 de la Audiencia Nacional, que había desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por aquél, contra Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, de 31 de mayo de 2007, en la que se estima parcialmente la reclamación formulada por D. Alfonso pues, si bien no se accedía a su pretensión de que se cancelase la anotación de su bautismo en el Libro de Bautismos, se ordenaba que el Arzobispado remitiera al reclamante certificación en la que se hiciera constar que se ha anotado en su partida de bautismo el hecho de que ha ejercido el derecho de cancelación, o motive las causas que lo impidan, con apercibimiento de incurrir, si no procediera así, en las infracciones previstas en el artículo 44 de la LOPD .

El Tribunal Supremo admite el recurso, reconociendo que en ningún caso los libros de bautismo, tal y como admite la propia resolución recurrida, constituyen una relación de miembros de dicha religión ni acreditan la permanencia en la misma de quienes fueron bautizados.

 

Citando las sentencias de 19 de septiembre y 14 de octubre de 2008, el Tribunal Supremo señala que el registro de bautismo parroquial no contiene ningún criterio, apriorísticamente definido por una persona entendida como responsable del fichero, que permita hablar de una estructuración conforme a criterios específicos relativos a las personas, toda vez que el asiento se practica por la fecha de bautismo, o incluso en la fecha en que se toma constancia del mismo, lo que impide ciertamente el fácil acceso al dato, dado que ello exige conocer la parroquia en que el mismo se celebró y, por tanto, se inscribió y la fecha en que el bautizo o su anotación se practicó por el párroco. Leer más

 

 
Objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía: No pero Sí; Sí pero No

 Sobre esta cuestión, con fecha 11 de febrero de 2009, se ha dictado Sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (ponente: Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Jiménez). Pero el conflicto se traslada ahora a las concreciones de contenidos y los desarrollos, caso por caso, que se hagan por las autoridades educativas autonómicas, centros y docentes, incluyendo los libros de texto de la asignatura.  

 

El punto central de dicha Sentencia versa sobre la existencia o no de un derecho a la objeción de conciencia con respecto a la materia Educación para la Ciudadanía. El TS descarta la existencia la existencia de un derecho a la objeción de conciencia con alcance general en nuestro ordenamiento jurídico y considera que tampoco existe un específico derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo (FJ 9). Resumida así, y conociendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podría juzgarse que la sentencia es un puro disparate, como lo sería también sostener que la asignatura en su conjunto, y sin distinción de contenidos y desarrollos, es, sin más, objetable.

 

Pero la sentencia está llena de matices y precisiones; tantos que puede ser presentada igualmente como una victoria de los padres que han defendido que sus hijos no pueden ser adoctrinados sobre contenidos morales al cursar dicha asignatura. Hay un espacio acotado donde impera la neutralidad ideológica de las autoridades educativas y la  proscripción de adoctrinamiento, como también hay remedios preferentes y sumarios, con sus correspondientes medidas cautelares, frente a injerencias ilegítimas que traten de captar voluntades y lograr adhesiones del alumnado, lesionando los derechos fundamentales de los artículos 16.1 y 27.3 de la Constitución. Y aquí es donde el TS da entrada a toda una batería de argumentos, distinciones y advertencias que son tan importantes y extensas como las que llevan al juzgador a descartar un derecho ilimitado a la objeción de conciencia. 

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A tax question: olvidos fiscales y otros inconvenientes

Bill Richardson, Nancy Killefer, Tim Geithner, Tom Daschle… Barack Obama no ha tenido mucha suerte con estas propuestas, aunque la de Geithner sí ha cuajado finalmente.

En España y en países vecinos se teme al Fisco, pero se le desafía a menudo y hasta se presume ante amigos y conocidos de cómo se trampea para no pagar impuestos o se tributa en cantidades ridículas. Si un candidato a ocupar un cargo público o alguien que ya lo desempeña o lo ha desempeñado ha tenido algún asunto de impago de impuestos, constitución de sociedades ficticias, cuentas en paraísos fiscales y otras argucias para rebajar su factura tributaria es probable que ni siquiera sea noticia. Si llegara a serlo, quizá ocupe unos renglones perdidos en una oscura página de un periódico. Si el caso es noticiable, también es probable que se conceda más espacio a la cínica e inverosímil explicación que ofrezca el afectado. Incluso habrá electores que piensen que quien es capaz de urdir trapacerías y argucias varias frente a Hacienda puede ser un político muy capaz, pues al fin y al cabo semejantes prácticas son reveladoras de astucia y sagacidad.

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